La Ley de Preventa de Viviendas en Construcción y aún no Construidas frenará cobros ilegales y variaciones de precios injustificadas por parte de las empresas privadas.

Dicha ley, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en primera discusión, establece -en su artículo 5- que entre los requisitos que deben abarcar los contratos están: el precio de la venta al público y el mes y el año de culminación de la obra, así como también que en ningún caso la ejecución de la obra podrá excederse de los 24 meses cumplidos contados a partir de la firma del contrato.

Asimismo, refiere que la constancia de pago que reciba el usuario deberá detallar el concepto, fórmula y base de cálculo de cada monto que deben pagar de la preventa.

Por otro lado, se prohíbe el cobro de cargos y pagos adicionales. En ese sentido, la fijación del precio de preventa se hará de la sumatoria del valor del terreno y el costo total de la obra incluyendo tanto los insumos como las erogaciones por mano de obra.

De igual manera, la normativa de vivienda, en su artículo 17, estipula que el comprador en ningún caso soportará el impacto económico derivado del retraso en la obra.

En ese sentido, los compradores podrán acudir al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas (Mopvi) a denunciar todo lo tenga que ver con la violación de la Ley, así como también solicitar la intervención de las construcciones y obras.

Además, este proyecto de ley tiene como objetivo frenar la especulación en los distintos tipos de financiamientos en materia de vivienda y hábitat otorgados por bancos y productores, para así ayudar a fortalecer el sistema de viviendas, con financiamientos justos y equitativos, erradicando la practica de la usura que implican ventajas desproporcionadas para quien otorga el financiamiento.

La diputada de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, Laura Valls, explicó que este instrumento legal regulará la relación entre el comprador y el vendedor, y también dejará claras las normas bajo las cuales se regirá el comprador.

Indicó que la Comisión ha recibido muchas quejas por parte de ciudadanos a quienes los constructores les han cobrado injustamente el índice de Precios al Consumidor (IPC) o que han sido víctimas de constructoras que han paralizado las obras.

En este sentido, la parlamentaria señaló que Ley permitirá acabar con los 'cementerios de viviendas', pues faculta al Mopvi para que intervenga la obra y termine las soluciones habitacionales de los afectados.

De esta manera, todos los venezolanos podrán acceder a las políticas sociales para la adquisición de viviendas, a partir de un tratamiento con criterio de justicia social, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela..'